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TRES AÑOS EN SUSPENSO PARA DUEÑA DE CABARÉ QUE FUNCIONÓ EN ING. LUIGGI

29 marzo 2018




El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó a tres años de prisión en suspenso a la dueña de un cabaré que funcionó en Ingeniero Luiggi entre 2008 y 2010, por el delito de acogimiento y recepción de mujeres, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotación sexual. El local funcionó con una habilitación municipal como whiskería.

A Armanda Inés Gaudino todas la conocían como “la Tía”. Quedó en libertad porque la pena es en suspenso, aunque deberá fijar domicilio y no ausentarse durante dos años. Los jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, José Mario Tripputi y Marcos Javier Aguerrido firmaron la sentencia el miércoles de la semana pasada. Durante el debate intervinieron la fiscala subrogante Noemí Rodríguez de Ríos y el defensor oficial Luciano Rodríguez.

Jóvenes y vulnerables

La whiskería funcionó en la calle Estanislao Ceballos al 365 bajo los nombres “Tía Inés”, “Tabaris” o “Las gatitas”. Durante el juicio, una de las víctimas relató que el padre de su hijo, Mario Vega, la llevó en auto desde Río Cuarto y la entregó a la mujer. La encargada del local le pagaba por pases y copas al hombre, ella nunca percibió esas “ganancias”.

La víctima explicó que debía alternar con los ocasionales clientes del salón que estaba en el frente de la propiedad para hacerse invitar bebidas que dispensaba “la señora” y también tener relaciones sexuales con ellos a cambio de dinero. Precisó que el dinero lo cobraba ella pero inmediatamente se lo entregaba a la encargada, que después le daba su parte a Vega.

Al momento de ser conducida a ese lugar su hijo quedó al cuidado de una expareja de Vega, quien la amenazaba con no dejarla ver al pequeño para que se sometiera a la explotación sexual. Afirmó que él era muy agresivo y violento con ella y que no le permitía siquiera hablar con su familia.

Ella vivió durante 15 días en una casa contigua al local, que abría durante la noche, sin horario. En la casa estuvo con tres chicas argentinas y no obstante señalar que entre ellas se compraban las cosas para comer y subsistir en la casa reafirmó que nunca manejó dinero.

Respecto a la confección de las libretas sanitarias que debieron otorgarle en el municipio, dijo que de eso se encargó “la señora” y sostuvo que nunca presenció un procedimiento policial ni tampoco vio entrar a la Policía al local. “Como tantos otros relatos de víctimas de este tipo de delitos, (manifestó) el agradecimiento a quien montó un negocio donde la mercancía era su cuerpo y falso discernimiento, en este caso bajo la amenaza del padre de su hijo que certeramente Armanda Inés Gaudino conocía, tanto que solo a aquel le entregó el dinero, correspondiente al 50%”, señaló el Tribunal.

Los jueces consideraron probado que la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad social. La mujer remarcó el buen trato que le dispensaba la dueña de local y que tenía libertad para entrar y salir cuando quisiera.

La otra víctima declaró en forma similar sobre la situación del local. Contó que viajó desde Mataldi, a dedo, con una amiga, para llegar al local. Afirmó que hacía “pases” y le daba el 50% a “la Tía”. Expresó que comenzó a ir por necesidad, para mantener a sus hijas, que actualmente, a sus 35 años, tienen 17 y 16 años, ya universitaria una de ellas.

“La capacidad de decisión de ambas víctimas claramente se encontraba restringida dada la situación de vulnerabilidad psicosocial, carencia de redes familiares próximas, figuras afectivas significativas cercanas y de medios alternativos de subsistencia”, sostuvieron los jueces en el fallo.

Prostitución

El resto de las mujeres que declararon en el debate describió el funcionamiento del local de igual manera. Aunque ninguna de ellas reconoció haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero y dijeron que solo eran coperas.

“La imputada no solo recibía a las mujeres que inmediatamente comenzaban a trabajar, sino incluso había dispuesto una propiedad inmediata al salón donde las víctimas podían residir de manera más o menos estable”, indicó el Tribunal. “La habilitación municipal y los controles que al respecto se efectuaban, de ningún modo la habilitaban a facilitar la prostitución, ni menos aún obtener provecho de ella”, aclaró.

Finalmente, el TOF decidió poner a disposición del Ministerio Público Fiscal el registro de la audiencia, en virtud de la identificación por parte de una de las víctimas de Mario Vega, padre de su hijo, como la persona que bajo violencia y amenazas la trasladó para ser explotada sexualmente.

FUENTE: eldiariodelapampa.com.ar

 
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